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La SED insta a regular la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes

Existe en la actualidad una falta de regulación sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes, como la monitorización de glucosa, que afecta a su incorporación eficaz y equitativa a la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público español. tal y como denuncia la Sociedad Española de Diabetes (SED), y su grupo de trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes (TAD). De hecho, esta Sociedad ha mantenido una reunión con representantes del Grupo Parlamentario Socialista pertenecientes a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para llevar sus reivindicaciones hasta el Parlamento español.



En los últimos años se está produciendo una significativa proliferación de las técnicas aplicadas la diabetes, muchas de ellas dirigidas específicamente a optimizar y facilitar la monitorización de la glucemia intersticial. Esta revolución tecnológica aporta grandes beneficios para las personas con diabetes, pero también plantea algunas controversias y limitaciones, sobre todo por la falta de regulación y el vacío legal existente.

En el encuentro estuvieron presentes, por parte de PSOE, Begoña Tundidor, portavoz de la Comisión de Servicios Sociales; Jesús María Fernández, portavoz de la Comisión de Sanidad, y Miriam Alconchel, portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Por su parte, la delegación de la SED estuvo encabezada por la Dra. Raquel Barrio, vicepresidenta de la SED, quien expuso la preocupación de esta sociedad científica por la actual situación de irregularidad en la incorporación de la monitorización de glucosa intersticial (MGI) como prestación sanitaria para personas con diabetes tipo 1, su prescripción, así como la falta de equidad territorial en esta incorporación.

Al mismo tiempo, se reconoció el interés de la propuesta no de ley (PNL) presentada el 12 de noviembre del 2017 a la Mesa del Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Socialista sobre la inclusión de los sistemas de monitorización continua de glucosa en la cartera común de servicio del Sistema Nacional de Salud para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Por su parte, la Dra. Ruiz de Adana, miembro del Grupo de TAD, señaló la necesidad de que desde el Parlamento Español se pueda activar esa PNL y se regule para todo el territorio nacional la incorporación de esta tecnología en la cartera común de servicios en Unidades de Diabetes acreditadas y de referencia.

También se informó a los parlamentarios de las principales diferencias de los dos sistemas de MCI comercializados en España: la Monitorización continua de glucosa (sistemas continuos de medición de glucemia intersticial, con necesidad de calibración y alarmas y que pueden utilizarse tanto en MDI como integrados a terapia con infusión subcutánea de insulina, incluso con un sistema de parada de la administración de insulina en predicción en hipoglucemia); y la Monitorización flash de glucosa (la visualización de datos es “a demanda”, sin necesidad de calibración y sin alarmas).

Según aclaran los representantes de la SED, cada uno de estos sistemas tiene prestaciones distintas que pueden mejorar el control glucémico y la calidad de vida en distintos perfiles de pacientes. El sistema más apropiado para cada paciente debe decidirse por equipos cualificados en su prescripción y seguimiento optimizado en el seno de unidades de diabetes de referencia.

Por otra parte, Mercedes Galindo, como enfermera educadora miembro del grupo TAD, recordó a los parlamentarios la importancia de la educación diabetológica avanzada y de calidad en la incorporación y manejo de estos recursos tecnológicos, destacando la necesidad de empezar a diseñar programas de formación para Enfermería de prácticas avanzadas, así como la incorporación de Enfermería con formación avanzada acreditada a plazas con un perfil profesional acorde.

Los parlamentarios estaban bien informados de la situación, conocían los consensos que sobre la MCG el grupo de TAD tiene efectuados y se mostraron sensibles a la necesidad de llevar a cabo la incorporación de estos productos sanitarios en la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Nacional en indicaciones coste-efectivas, en centros competentes en su manejo y en condiciones garantistas de una equidad territorial mínima.

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